Atala Riffo and Daughters v. Chile

Karen Atala Riffo, a judge in Chile, and her husband separated in 2002 and agreed that she would retain custody of their three daughters. After a few years, Ms. Atala began to live with her female partner. In response, her husband filed for custody claiming that the mother’s homosexuality was detrimental to the children. The lower court confirmed the grant of custody to the mother, finding that there was no evidence that homosexuality was pathological conduct that would make Ms. Atala unfit as a mother. On appeal, however, the Supreme Court of Chile granted custody to the father, on the basis that the mother’s sexuality would cause irreversible harm to the children’s development. Ms. Atala took the case to the Inter-American Court of Human Rights (“IACHR”), marking the first time that the IACHR heard a case related to LGBT rights. The IACHR held that sexual orientation is a suspect class and that the Chilean courts had discriminated against Atala in the custody case in violation of the American Convention’s right to equality and non-discrimination. In 2012, the court ordered Chile to pay Atala USD $50,000 in damages and $12,000 in court costs. The Chilean government agreed to abide by the IACHR’s ruling.

Karen Atala Riffo, juez de Chile, y su esposo se separaron en el 2002 y acordaron que ella conservaría la custodia de sus tres hijas. Después de unos años, la Sra. Atala empezó una nueva relación y empezó a vivir con su pareja femenina. En respuesta, su esposo solicitó la custodia alegando que la homosexualidad de la madre era perjudicial para los niños. El tribunal de primera instancia confirmó el otorgamiento de la custodia a la madre, encontrando que no había evidencia de que la homosexualidad fuera una conducta patológica que hiciera que la Sra. Atala no fuera apta como madre. Sin embargo, en apelación, la Corte Suprema de Chile otorgó la custodia al padre, sobre la base de que la sexualidad de la madre causaría un daño irreversible al desarrollo de los hijos. La Sra. Atala llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”), siendo la primera vez que la CIDH conoce un caso relacionado con los derechos HGB. La CIDH sostuvo que la orientación sexual es una clase sospechosa y que los tribunales chilenos habían discriminado a Atala en el caso de custodia en violación del derecho a la igualdad y no discriminación de la Convención Americana. En el 2012, la corte ordenó a Chile que pagara a Atala USD $ 50,000 en daños y $ 12,000 en costas judiciales. El gobierno chileno acordó acatar la sentencia de la CIDH.