Decision T-946/08

The plaintiff’s daughter suffered from Prader Willi syndrome or Down Syndrome and was mentally disabled. The mother noticed changes in her daughter’s body and discovered that she had been pregnant as a result of rape. The mother asked the healthcare provider to terminate pregnancy and filed a writ of constitutional challenge after her request was denied by the healthcare provider on conscientious objection. The Court of First instance denied the writ on the grounds that there was no medical certificate showing that the daughter’s life was jeopardized by the pregnancy, that the fetus had deformities, or that a crime had been reported. The mother appealed the decision and stated that Decision C-355 of 2006 specifically contained a rape prong as a ground for requesting voluntary termination of pregnancy. The Court of Second Instance also denied abortion on the grounds that even though a rape may have occurred, the pregnancy had reached an advanced gestational age (25 or 26 weeks). The Constitutional Court found for the plaintiff mother and held that the healthcare provider violated the rights of the daughter, a victim of a violent sex crime. The Court ruled that conscientious objections must be made with sufficient number of professionals in a network and may only be claimed by natural persons, that the healthcare provider must provide the service in a timely manner, i.e., within five days of request (so as to not let the pregnancy be carried to term), failure to perform the procedure under discriminatory circumstances carry the consequence of investigations by the disciplinary bodies of both the healthcare provider and the lower court judges, which the Constitutional Court ordered.

La hija de la demandante padecía síndrome de Prader Willi, o más conocido como Síndrome de Down y estaba mentalmente discapacitada. La madre notó cambios en el cuerpo de su hija y descubrió que había estado embarazada como resultado de una violación. La madre le pidió al proveedor de atención médica que interrumpiera el embarazo y presentó una demanda constitucional después de que el proveedor de atención médica denegara su solicitud por objeción de conciencia. El Juzgado de Primera Instancia desestimó el recurso alegando que no existía certificado médico que demostrara que la vida de la hija estaba comprometida por el embarazo, que el feto presentaba deformidades o que se había denunciado un delito. La madre apeló la decisión y manifestó que la Decisión C-355 de 2006 contenía específicamente un caso de violación como motivo para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. El Tribunal de Segunda Instancia también denegó el aborto, argumentando que, aunque pudo haber ocurrido una violación, el embarazo había alcanzado una edad gestacional avanzada (25 o 26 semanas). La Corte Suprema Constitucional decidió a favor de la madre demandante y sostuvo que el proveedor de atención médica había violado los derechos de la hija, pues ella había sido víctima de un delito sexual violento. La Corte dictaminó que las objeciones de conciencia deben realizarse con un número suficiente de profesionales en una red y solo pueden ser reclamadas personalmente por personas que el proveedor de atención médica debe brindar el servicio en tiempo y forma, es decir, dentro de los cinco días siguientes a la solicitud (para no permitir que el embarazo llegue a término), la falta de realización del procedimiento en circunstancias discriminatorias conlleva a las investigaciones de los órganos disciplinarios tanto del proveedor de salud como de los jueces de primera instancia, que ordenó el Tribunal Constitucional.